
El código fuente usado por el Estado debería ser abierto. Al fin y al cabo, lo pagamos todos, con nuestros impuestos, y ayudaría a que ciertos trámites y ciertas asignaciones fueran mucho más transparentes y fiables. Incluso permitiría que terceros pudieran detectar fallos de seguridad y corregirlos para crear una infraestructura estatal mucho más segura. El problema es que, a menudo, hay ignorantes al frente de ciertas decisiones que no hacen otra cosa que dejarnos en evidencia. Y este caso con el programa BOSCO no es sino una muestra más de ello.
















































