Cuando tenemos la necesidad de acceder a una administración pública para realizar cualquier tipo de gestión, la mayoría de nosotros, no tenemos más remedio que agachar la cabeza y hacer exactamente lo que nos dicen, sin tener prácticamente derecho a réplica, como si los funcionarios fueran los que dictan las normas, cuando realmente no es así, ya que realmente son ellos los que están a nuestro servicio no nosotros al suyo.
Las administraciones públicas funcionan en base a una norma que le otorga competencia para llevar a cabo su trabajo. El problema es que, algunas de las obligaciones a las que nos vemos sometidos, no están basadas en una norma establecida, por lo que realmente no nos pueden exigir realizar determinadas tareas como las que os mostramos a continuación.
Solicitar cita previa
A raíz de la pandemia del coronavirus, las administraciones públicas decidieron que, todo aquel que quisiera visitar las administraciones públicas, tenía que solicitar una cita previa. Sin embargo, no existe ninguna norma que les obligue a interactuar con los ciudadanos de esta forma. Además, tampoco nos pueden obligar a solicitar la cita previa a través de un método digital (ya sea un navegador o aplicación) como en la actualidad, ya que discrimina a las personas que no tienen acceso a la tecnología.
Obligar a los usuarios a solicitar una cita previa vulnera los derechos de los ciudadanos para acudir a las administraciones públicas para realizar cualquier tipo de trámite ya que son impedimentos para que podamos ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones de forma efectiva como establece la ley.
Falta de documentación
Si cuando presentamos documentación en algún organismo público, nos falta alguno que haya sido emitido por otro organismo, no tenemos la obligación de encargarnos personalmente de realizar los trámites necesarios para obtenerlo y volver a nuevamente a presentar la documentación, ya que estos tienen la obligatoriedad de ponerse en contacto entre ellas para solicitar cualquier documentación que haya sido emitida por estas.
Antiguamente, cuando las administraciones no tenían las infraestructuras telemáticas de la actualidad, si tenía sentido invitar al usuario a solicitar la documentación necesaria para llevarla a un organismo a otro, únicamente para agilizar los trámites. Lo que está claro es que, si queremos que los procesos se realizan lo más rápido posible, es recomendable presentar personalmente toda la documentación necesaria si no queremos estar a expensas de la dejadez de algunos funcionarios públicos.
Podemos denunciar
Si el funcionario público que nos atiende se niega a solicitar la documentación que nos falte que procesa de otra administración pública, podemos denunciar a la administración y solicitar una indemnización, según afirmó hace unos días el Tribunal Supremo. Según el artículo 106 de la Constitución, las administraciones públicas están obligadas a indemnizar a los ciudadanos si no tramitan correctamente los documentos o si les exigen documentación que poseen otras administraciones del Estado.
