Es más que probable que muchos de vosotros a estas alturas ya seáis conscientes de que Windows 10 está al borde de su final de vida útil. En el próximo mes de octubre de este año, Microsoft dejará de enviar actualizaciones para esta versión del sistema operativo de forma oficial, al menos gratuitamente.
Esto significa que aquellos que no paguen por denominado soporte extendido o ESU, trabajarán a partir de ese instante con un sistema obsoleto y vulnerable. De ahí que la mayoría se vean en la obligación de actualizar a Windows 11, algo que no gusta a muchos. Con todo y con ello, todavía nos encontramos con millones que siguen, y seguirán utilizando Windows 10, e incluso versiones anteriores del software del gigante tecnológico.
Este es el caso de la empresa en la que nos vamos a centrar ahora que funcionaba en sus ordenadores con Windows 7, sistema que dejó de recibir soporte hace muchos años. Y lo mismo sucedía con el paquete ofimático que utilizaban los empleados de esta, hablamos de Office 2010. Pero lo más llamativo del caso no se encontraba en el hecho de estar trabajando con un software tan antiguo a la vez que vulnerable.
Tal y como acaba de resolver el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual o Indecopi, esta empresa peruana se verá en la obligación de pagar una multa de 19.150 euros. Como os podéis imaginar, la razón de ello no es que utilizarse en versiones antiguas de Windows u Office, sino algo más grave e ilegal.
Razón de la multa a la empresa que usaba Windows 7
Y es que usar software obsoleto y sin soporte no es ilegal, tiene ciertos riesgos, es cierto, pero estos ya corren a cargo de la propia empresa o usuario final. Esta multa, que se acaba de hacer oficial, se debe a que dicha compañía tenía 27 aplicaciones de Microsoft, sin licencia, instaladas en sus equipos. Entre este software sin clave legal se encontraban los mencionados Windows 7 Ultimate y Office Professional 2010, entre otras soluciones de la misma firma.
Esta resolución ha llegado tras la denuncia interpuesta por Microsoft en el pasado año 2020 y que se acaba de cumplimentar. El gigante tecnológico descubrió todo ello en una inspección que realizó poco antes interponer la denuncia donde vio el uso ilícito de una gran cantidad de su software, todo ello sin licencias oficiales. De ahí que en estos momentos las autoridades hayan llegado a la determinación de que el uso del software se realizó sin la autorización de Microsoft.
Esto constituye una infracción grave a los derechos de autor y de ahí la pena interpuesta ahora. Asimismo, debemos tener en cuenta que esto viola el Decreto Legislativo 822 que regula la propiedad intelectual en ese país. Y al mismo tiempo genera un lucro de forma indirecta al evitar el pago correspondiente por las licencias de esos programas de Microsoft.
Por tanto, la empresa, además de la multa administrativa comentada, tendrá que abonar a Microsoft una compensación por las remuneraciones devengadas derivadas del uso de licencias no adquiridas, incluidas las de Windows y Office.
Las consecuencias existentes en España por un caso similar son parecidas. De hecho, aquí las consecuencias pueden ser aún más severas, ya que la Ley de Propiedad Intelectual o LPI/1996, en su Artículo 270, tipifica el uso de software sin licencia como un delito que puede acarrear multas de hasta 300.000 euros. A eso se le podrían sumar penas de prisión de hasta cuatro años para los administradores de la empresa.