La soberanía digital de una administración pública depende menos de dónde están sus servidores que del formato en el que redacta sus documentos. Vamos a ver por qué el Open Document Format (ODF) se perfila como el único estándar realmente abierto frente a las alternativas propietarias, un factor que decide si el acceso a la información pública queda en manos de un proveedor externo.
Un archivo no es un papel: no contiene nada por sí mismo hasta que un programa interpreta sus instrucciones. Si alguna vez habéis abierto un documento en una aplicación distinta de la que lo creó, sabréis cómo cambian los márgenes o se descuadran las tablas. El formato es la especificación que dice al software cómo leer esas instrucciones, y quien la controla decide cuánto tiempo seguirá siendo legible un documento.
Qué condiciones convierten a un formato en abierto de verdad
Para saber si un formato es realmente abierto podemos fijarnos en los criterios del European Interoperability Framework, el marco que usan muchas administraciones para evaluar formatos en sus compras públicas: la especificación debe publicarse íntegra y gratuita, sin licencia ni pago; cualquiera debe poder usarla sin discriminar entre aplicaciones; y su gobierno debe recaer en un organismo independiente de cualquier fabricante.
El ODF cumple estas condiciones. Se desarrolló dentro de OASIS y alcanzó ese estatus en 2005. Superó la votación de Draft International Standard en ISO/IEC JTC 1/SC 34 en mayo de 2006 con aprobación unánime, y en noviembre de ese año se publicó como ISO/IEC 26300. Un comité técnico mantiene la especificación de forma pública, y la versión 1.4 se aprobó en OASIS en diciembre de 2025. Si utilizáis LibreOffice, trabajáis con este formato de forma nativa, aunque no le pertenece: cualquier desarrollador puede implementarlo sin pedir permiso.
Por qué OOXML no funciona como un estándar real
Seguro que muchos de vosotros utilizáis a diario archivos DOCX, XLSX o PPTX. Detrás de ellos está OOXML, que tiene un número ISO desde 2008, logrado mediante un procedimiento fast-track. Ese número no ha producido los efectos que esperamos de un estándar real: la especificación ocupa varios miles de páginas, lo que desanima a cualquier implementación desde cero.
Existen dos variantes de conformidad: la Strict, que otros desarrolladores podrían soportar sin problema, y la Transitional, que conserva comportamientos heredados y es la que Microsoft Office escribe por defecto. La variante que usan a diario cientos de millones de personas es, por tanto, la única que su creador implementa por completo; la más limpia apenas se usa y ha desaparecido de algunas versiones. Un estándar que solo una implementación puede satisfacer es, en la práctica, un formato propietario con certificado de normalización, un comportamiento estructural, no una intención deliberada.
La elección del formato precede a cualquier contrato de nube
Una administración puede elegir un proveedor de nube europeo, negociar cláusulas contractuales sólidas y alojar todo en su propia jurisdicción, y no haber ganado nada en soberanía si sus documentos siguen en un formato que solo un proveedor extranjero sabe leer con fidelidad. La ubicación del servidor depende, en última instancia, del formato elegido, no al revés.
El riesgo crece con el tiempo. Un documento particular distorsionado es una molestia menor; un ministerio que conserva dos décadas de borradores legislativos, registros de propiedad y expedientes judiciales en un formato que no puede interpretar por sí mismo ha delegado la custodia del registro público en una empresa privada, una delegación que no se revierte sin convertir antes todo el archivo. El argumento de estas migraciones era antes el ahorro de costes; ahora se plantea como independencia. Varias organizaciones de defensa europeas han declarado que su decisión no obedece a motivos económicos, sino a la independencia tecnológica.
Los países y organismos que ya exigen ODF
En Alemania, el marco Deutschland-Stack para infraestructura pública digital soberana designa el ODF y el PDF/UA como formatos obligatorios, excluyendo alternativas propietarias; el IT Planning Council, que coordina las tecnologías de la información entre el gobierno federal y los Länder, se ha comprometido con el ODF. La OTAN y la Comisión Europea también lo han hecho obligatorio en sus ámbitos.
Fuera de Europa, Taiwán lo adoptó como estándar nacional en 2009 y lo exige como formato oficial desde enero de 2015. Brasil obliga a sus organismos federales a seguir el marco e-PING, construido sobre estándares abiertos, desde 2005. Si trabajáis en una administración pública, tenéis ahí la referencia práctica: la ubicación del servidor pesa menos que el formato en el que guardáis cada documento.